REPUDIO POR LA DETENCIÓN DEL DR. ALBERTO NALLAR EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN PROVINCIA DE JUJUY

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas repudia enérgicamente la detención del Dr. Alberto Nallar (ocurrida el día jueves 13 de julio y de quien se desconoce su paradero), profesional que ejerce la defensa de varias de las personas que han resultado detenidas tras las jornadas de protestas en la Provincia de Jujuy, por el supuesto delito de “sedición”.
Vemos con suma preocupación que, en el marco del accionar violento y represivo desplegado por el gobierno provincial como respuesta a los legítimos reclamos que el pueblo jujeño viene realizando en las calles, se utilice la figura de la sedición para perseguir a quienes, en el libre ejercicio de su profesión, asumen la defensa de las personas detenidas en el marco de las manifestaciones populares.
Como ya nos hemos pronunciado en otras oportunidades, el ejercicio del derecho fundamental de huelga, así como el derecho de reunión y de peticionar ante las autoridades, no puede configurar un ilícito.
La utilización de la figura del delito de sedición para perseguir a aquellas personas que manifiestan ideas diferentes a la de los partidos políticos que gobiernan o que ejercen el derecho de protesta, como en el caso ocurre con los abogados y abogadas que asumen la defensa de quienes se manifiestan en protesta en Jujuy, obedece a prácticas arcaicas que deben ser erradicadas y socialmente condenadas.
La detención dispuesta respecto del Dr. Nallar, y de otros/as abogados/as, afecta tanto el derecho de defensa de las personas detenidas así como el derecho de éstos/as de defender a sus representados/as; configuran violaciones gravísimas a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.
Urgimos a su inmediata aparición y libertad, exigimos justicia y condena para los/las responsables, exhortamos a las autoridades de la Provincia de Jujuy al cese de la represión y al restablecimiento de la irrestricta vigencia de las garantías constitucionales.

Consejo Directivo – Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas