Movilización frente al Palacio de Justicia el 1 de febrero

El 28 de diciembre de 2001, desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas impulsamos las movilizaciones contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que catalizaron rápidamente el desprestigio de un tribunal que estaba al servicio del poder económico y no de las mayorías populares.

Fue la movilización social la que conquistó el profundo cambio de ese tribunal, cuya composición posterior se destacó por sentencias a favor de las y los trabajadores, como la declaración de inconstitucionalidad del sistema de riesgos de trabajo, de las jubilaciones, la garantía de los salarios justos, de los despidos discriminatorios, de la libertad sindical, entre otros tópicos relevantes para el derecho social. 20 años después volvemos a las puertas del Palacio de Justicia porque advertimos que esta Corte Suprema comenzó a desandar ese camino.

Es una Corte con jueces que aceptaron integrarla a pesar de ser nombrados por un ilegal decreto presidencial, que no dudaron en retroceder en materia de derechos humanos declarando la aplicación del 2×1 a los genocidas, sentencia que se revirtió también gracias a la movilización social.

Una Corte que desacató el compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Fontevecchia”; la que desconoció a los trabajadores el derecho a la huelga, con el fallo “Orellano”; la que promueve el traspaso de la justicia nacional a un tribunal local, denunciado políticamente porque en su mayoría expresaron intereses corporativos. 

Una Corte que avaló un sistema de tramitación administrativa, que dilata el tratamiento de los derechos de las personas afectadas en su salud, que rompe la inmediatez y el acceso a la tutela judicial efectiva. Neutraliza, fallo tras fallo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que fueron reconocidos por centenares de jueces idóneos en materia laboral y con tan solo tres de sus miembros, sin específica versación de la disciplina, destruyen la doctrina jurisprudencial de jueces especializados.

Es una Corte que demora años en resolver las causas laborales y días en las que son relevantes para el poder económico.

Es una Corte que tiene un oído puesto en los empresarios y otro en algunos sectores políticos, y es sorda con las necesidades de la clase trabajadora.

Es una Corte que a pesar de tener un fondo anticíclico millonario no destinó un peso a resolver la crítica situación del fuero del trabajo, que en la pandemia significó la paralización y dilación de los procesos laborales que ya duran 6 o 7 años, en evidente perjuicio de las personas que trabajan. Ni siquiera se dignó a responder seriamente el pedido de información pública que realizáramos desde la AAL respecto de la cuantía y destino de ese fondo.

Todas estas razones y algunas más son suficientes para iniciar un proceso de juicio político contra sus integrantes, y pensar en un nuevo tribunal, que sea garantía de vigencia de los derechos humanos y sociales garantizados por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales.

Pero también para que se produzca una verdadera transformación de todo el poder judicial, que garantice la perspectiva de género de manera sistemática y no aislada, que garantice el acceso a la justicia para las personas que trabajan y que los procesos duren 6 meses y no 6 años, que garantice condiciones de trabajo dignas para los empleados y empleadas judiciales, que condene a los evasores y a los ladrones de guante blanco y no criminalice la protesta social.

Por eso desde la AAL marchamos el 1 de febrero a las 18 hs. a las puertas del Palacio de Justicia, e invitamos a los abogados y abogadas laboralistas a acompañarnos.