No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho

Los estados de excepción, toques de queda y militarización son respuestas autoritarias que disponen la suspensión de derechos y ocasionan graves violaciones. No resuelven los conflictos sociales y ponen en riesgo décadas de construcción democrática, que buscaron desterrar justamente aquellas prácticas.

América Latina es la región más desigual del mundo, en la que las mayorías sufren de forma desproporcionada los costos de políticas que restringen el acceso a derechos y benefician a los mercados a corto, mediano o largo plazo. En estos momentos, en algunos países de la región aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado. Además de la gravísima declaración de estados de emergencia en Ecuador y Chile, la figura sobrevuela también en otros países ante situaciones diversas.

En Ecuador, las protestas escalaron luego de que el gobierno negociara con el FMI medidas que no tuvieron ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana, como la quita del subsidio a los combustibles, que implicaron la suba del costo de vida y el consecuente descontento social. El 4 de octubre, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil y anunció un estado de excepción en todo el territorio por sesenta días. Con el decreto movilizó a las Fuerzas Armadas, suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión y limitó la libertad de tránsito las 24 horas. Las protestas siguieron durante otros diez días y la represión policial y militar dejó al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El nivel de conflicto cedió –por la facilitación de Naciones Unidas y de la conferencia episcopal– cuando el presidente Moreno dejó sin efecto la quita de los subsidios el pasado 13 de octubre. El 14 de octubre se levantó el estado de excepción y toque de queda, pero en los días siguientes avanzó la criminalización de dirigentes políticos y sociales con acusaciones judiciales de rebelión e insurrección, y órdenes de detención.

El 18 de octubre, el conflicto social hizo eclosión en Chile. Este país cuenta con una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región, marcos constitucionales heredados de la dictadura militar y un índice de alrededor del 60% de abstención electoral, el más alto de América Latina. Las protestas se iniciaron contra el aumento de las tarifas del metro, lo que resonó en la acumulación de demandas sociales de amplios sectores, con masivas manifestaciones, quemas y saqueos en todo el país. Tal como en Ecuador, la respuesta del presidente Sebastián Piñera fue decretar el estado de emergencia y el toque de queda en numerosas regiones y localidades, incluida la capital. Como consecuencia, circulan tanques por la ciudad, las fuerzas armadas salieron a las calles con la atribución de realizar detenciones, en un marco de restricción de los derechos fundamentales. En este contexto de militarización se registran denuncias graves de tortura y violencia sexual en las detenciones. Al 27 de octubre, está confirmada la muerte de 19 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asume que al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras del INDH, en constante actualización, indican que hubo 3193 detenciones –343 son niñas, niños y adolescentes– y que, entre los más de 1000 heridos registrados, al menos 570 recibieron disparos de diferentes tipos de arma.

Los estándares internacionales de derechos humanos determinan que hechos de violencia en el marco de una protesta jamás pueden invocarse para caracterizarla como violenta en su totalidad. Los contextos de protestas extendidas en general suponen situaciones de conflictividad y tensión. Se etiquetan ampliamente estas situaciones como “no pacíficas” para negar los derechos que protegen a la protesta social y a los manifestantes. La mirada totalizante sobre la protesta como violenta no debe desdibujar sus reclamos de fondo: las inequidades y carencias sociales crecientes en una región que hace décadas se esfuerza por consolidar sus democracias.

Al contrario, la fortaleza de las democracias se despliega en su posibilidad de articular y canalizar políticamente el conflicto. Asumir respuestas de excepción y suspensión de derechos para responder a la conflictividad social amenaza al Estado de derecho.

Como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de América Latina:

Solicitamos el cese inmediato de los estados de excepción y emergencia y los toques de queda en Ecuador y Chile y el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.

Reiteramos la obligación de los Estados de investigar las muertes y otras violaciones de derechos humanos de manera pronta, efectiva e imparcial, y de no criminalizar la protesta social.

Llamamos a la OEA y a la ONU y a sus mecanismos de protección de derechos humanos a tomar una clara posición sobre la habilitación de medidas de excepción y suspensión de derechos.

Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de otros líderes de la región respecto del posible uso de este tipo de medidas como respuesta a conflictos políticos y sociales, que terminan erosionando la legitimidad de los procesos democráticos y de los proyectos populares.

Argentina

1. Abogades en Cooperativa 
2. ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales 
3. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina – A.P.D.H
4. Asociación de Abogados Laboralistas 
5. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
6. Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva) 
7. Asociación de Congoleños de Argentina – ACDA 
8. Asociación Docentes Artistas Investigadores de la Universidad Nacional de las Artes 
9. Asociación Lola Mora 
10. Asociación del Personal Legislativo (APL) 
11. ATE Capital 
12.Athenea de Haras 
13. Biblioteca Popular Crisálida de género y diversidad afectivosexual de Tucumán 
14. Campaña Migrar no es Delito 
15. Catamarca contra la Tortura y la represión estatal 
16. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
17. CLADEM Argentina 
18. Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) 
19. Colectivo YoNoFui 
20. Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz -MECoPa 
21. Colectiva Andina 
22. Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) 
23. Comisión de la Memoria del Barrio de Billinghurst 
24. Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina 
25. CTA Autónoma 
26. CTA de los Trabajadores – Provincia de Buenos Aires 
27. Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba 
28. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 
29. Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) 30. Federación de Legislativos de Argentina (FELRA) 
31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) 
32. Frente TLGBI de la Provincia de Buenos Aires 
33. Frente Patria Migrante – Argentina 
34. Frente Popular Dario Santillan 
35. Fundación Protestante Hora de Obrar 
36. Fundación MujeresxMujeres – Tucumán 
37. Inquilinos Agrupados 
38. Intercambios Asociación Civil 
39. Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración – IARPIDI 
40. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 
41. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) 
42. Instituto de Justicia y Derechos Humanos – UNLa 
43. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – ILSED 
44. Instituto Prisma San Martin 
45. Intersindical de DDHH de la Argentina – CGT, CTA-A y CTA-T 
46. La 49 Tucumán 
47. Las Casildas 
48. Matria, instituto sobre cuestiones de género de Tucumán 
49. Mesa Nacional por la Igualdad 
50. Migrantes x Migrantes 
51. Movimiento Migrante Plurinacional 
52. Movimiento de los Pueblos Libres Ama Yunqo 
53. Mujeres Fuertes SMA 
54. Mujeres en Movimiento San Martin 
55. Museo de la Memoria de Rosario 
56. Nuestra América Profunda 
57. OTRANS Argentina 
58. Pastoral de Migraciones SMA 
59. Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual 
60. Pueblo en Marcha 
61. Red de Abogadas Feministas 
62. Red de Migrantes y Refugiados en Argentina 
63. Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina 
64. Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina 
65. Red Viva, asociación civil 
66. Sindicato del Personal Civil de las FFAA de la República Argentina (PECIFA) 
67. Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA) 
68. Suteba — Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 
69. Xumek, Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos 

Brasil 

70. Associação Brasileira de Saude Mental – ABRASME 
71. Artigo 19 
72. Brigadas Populares 
73. Central de Cooperativas Unisol Brasil 
74. Coletivo A Revolta da Lâmpada 
75. Coletivo de Juventude Juntos 
76. Coletivo Somos Natureza 
77. Conectas Direitos Humanos 
78. FIAN Brasil 
79. Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) 
80. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) 
81. Instituto Vladimir Herzog 
82. Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social 
83. Justiça Global 
84. Movimento Bancada Ativista 
85. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 
86. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 
87. Muitas pela Cidade que Queremos – Belo Horizonte 
88. Rede Emancipa de Educação Popular 
89. Resistencia Antifascista Joseense, São José dos Campos, SP 

Chile 

90. Observatorio Ciudadano 
91. Clínica de Migrantes y Refugiados – UDP 
92. Corporación Humanas 
93. Movimiento Acción Migrante 

Colombia 

94. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR 
95. Elementa DDHH 
96. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA 
97. Movimiento de Mujeres por la Paz 

Ecuador 

98. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 
99. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 
100. Corporación Humanas Ecuador

El Salvador 

101. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD Guatemala 
102. Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG). 

Honduras 

103. Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH 
104. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras 

México 

105. CAFAMI A.C. 
106. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 
107. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
108. Elementa DDHH 
109. FIAN México 

110. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (de México) 
111. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) 

Paraguay 

112. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC) 
113. Iniciativa Amotocodie 

Perú 

114. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
115. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP 
116. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH 
117. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – EQUIDAD 
118. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú 
119. Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer 
120. Paz y Esperanza 

Uruguay 

121. Asociación Civil El Abrojo 
122. Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay – CDNU 

Regionales e internacionales 

123. Articulación Feminista MARCOSUR 
124. Asociación Rumiñahui (Madrid, España) 
125. Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) 
126. Bloque Latinoamericano sobre Migración 
127. Comité de América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) 
128. Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe (CONTLAC) 
129. FIAN Internacional 
130. Greenpeace (Oficina Andina) 
131. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA 
132. Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era – DAWN 133. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) 
134. Red de Género y Comercio 
135. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia 
136. Robert F. Kennedy Human Rights 
137. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) 
138. Tatu Latinoamericana 
139. WOLA (Washington Office on Latin America)