Carta abierta a las senadoras y los senadores
Debate sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
A las Senadoras y Senadores de la Nación:
La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS y ABOGADAS LABORALISTAS a través de la COMISIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA (AAL-Co.Mu.Tra.) dirigimos esta Carta a las Senadoras y Senadores de la Nación con el objeto de pedirles que aprueben el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que consagra el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que obtuviera media sanción legislativa al ser aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Consideramos que la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto es una cuestión urgente de salud pública y de derechos humanos de las mujeres, lo que se encuentra plasmado en el Proyecto de ley actualmente en tratamiento en Comisiones Parlamentarias del Senado.
El crecimiento y masividad de las movilizaciones del 8 de marzo y 3 de junio, así como su adhesión a la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, han dejado en claro que la penalización del aborto no es, en el sentir popular, el camino para resguardar ni la vida materna ni la de todas las jóvenes y niñas que encuentran el final de su vida en siniestros abortos clandestinos. Por el contrario, el movimiento de mujeres ha puesto de manifiesto con absoluta claridad que luchar por #NiUnaMenos es conquistar el derecho al aborto legal.
El debate ya no es aborto sí o aborto no: la realidad es que en el país la principal causa directa de muerte de las mujeres que cursan un embarazo es un aborto inseguro. Se estima que en nuestro país se realizan entre 400 y 500 mil abortos al año (más de 1 aborto cada 2 nacimientos).
Lo que no se dice es que las víctimas de esas muertes en gran porcentaje son las mujeres trabajadoras de menores recursos y adolescentes, que por falta de medios económicos no pueden recurrir al servicio privado de un aborto clandestino en condiciones seguras -beneficio que está en directa proporción con el costo que se pueda pagar por él.
Históricamente la prohibición del aborto ha sido un instrumento de control sobre las mujeres, especialmente las más vulnerables. No podemos dejar en manos del Estado, la decisión sobre la vida y la salud de las que no sólo deben soportar la precariedad de las condiciones laborales y socio ambientales sino, además, padecen embarazos no deseados.
Estamos ante la oportunidad de revertir esta dramática situación. La legislación penal vigente desde hace casi un siglo, reconoce un conjunto de situaciones en las que el aborto es legal (peligro para la vida o la salud de la mujer, o violación, conf. art. 86 incisos 1 y 2) del Código Penal.
Los derechos constitucionales, ampliados y enriquecidos mediante la reforma de 1994, reconocen plenamente los derechos humanos de las mujeres y obligan al Estado Argentino a realizar acciones positivas a fin de garantizarlos (Artículo 37, 75 incisos 22 y 23, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, etc).
En tal sentido, nuestro ordenamiento jurídico sustentado en el bloque de convencionalidad que integran la totalidad de las normas que referimos, no es obstáculo alguno para la aprobación de este proyecto.
Por el contrario, la actual criminalización del aborto implica un accionar violatorio de los derechos humanos, y genera responsabilidad internacional para el Estado Argentino.
Nuestro apoyo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado por la Cámara de Diputados es en el convencimiento de que la sola despenalización del aborto –sin resolver los obstáculos para la realización de la práctica que hoy existen en los casos de abortos no punibles- no soluciona el problema de fondo.
De lo contrario, la ilegalidad seguirá siendo la garantía de la generación de muertes y mutilaciones de miles de mujeres sin recursos al someterse a esta práctica clandestina.
En este sentido, destacamos que se ha demostrado que la legalización de esta práctica en otros países no ha incrementado la cantidad de abortos.
Les pedimos que voten el proyecto porque estamos convencidxs de que la conquista del aborto legal será un aporte contundente a la lucha que libran los movimientos de mujeres contra toda forma de discriminación, violencia de género y prédica oscurantista que vulnere sus derechos.
Nuestro pronunciamiento se apoya en la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras, y en contra de toda opresión; en definitiva, por el derecho a la vida, la autonomía y la salud de las mujeres y personas gestantes.
Los saludamos atentamente,
COMISIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA (Co.Mu.Tra.) – ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS