Las medidas preventivas urgentes de la Ley 26.485 como herramienta de lucha para la erradicación de las violencias hacia las mujeres en los espacios de trabajo
Por Aldana Cepeda
27 julio, 2022
Corría el mes de Marzo de 2020 y todo era incertidumbre, desesperación y angustia para las y los trabajadores en un contexto social, político y económico muy difícil. Con mis socias y socios no dábamos a basto con la cantidad de consultas y llamados que atendíamos a diario. “Doctora, desde que empezó la cuarentena, no me pagan el salario. Qué hago?” “Doctora, me redujeron la jornada, y con ello el sueldo a la mitad. No llego a fin de mes y tengo que darle de comer a mis hijos” Y así podría seguir, contando muchas historias que hoy elijo guardarme para mi. Nuestras jornadas se extendían por largas horas y el escenario también era complicado para nosotras y nosotros: era imposible no contagiarse la angustia, que no nos afecte, tomar distancia con el cliente y todas esas cosas que tratamos debemos hacer los y las abogados/as litigantes. El panorama que nos rodeaba era totalmente desolador.
Recordemos que nuestro país venía de años de crisis y profunda recesión, habiéndose dictado el 23 de Diciembre de 2019 la Ley 27.541 que declaró “… la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social…”
En ese escenario nacional, nos encontró el 11 de marzo de 2020 la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconoció como pandemia al brote del “COVID-19” que actualmente continúa afectando a todas las sociedades y economías del mundo. En consecuencia, por Decreto N° 260/2020 el Gobierno Nacional amplió la Emergencia Sanitaria establecida por la Ley 27.541 por el plazo de 1 año y por recomendación de los distintos expertos en la materia procedió, el 20 de marzo de 2020, a dictar el Decreto N° 297/20 que impuso “…para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma transitoria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 31 de marzo del mismo año, a los fines de frenar la expansión del COVID-19. Dicho decreto fue prorrogado luego hasta el 12 de abril de 2020 a través del Decreto 325/20, luego hasta el 26 de abril de 2020 por el Decreto 355/20, siguiente hasta el 10 de mayo de 2020 por el decreto 408/2020, luego se prorrogó mediante decretos 459/2020, 493/2020, y con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 875/20 hasta el 29 de noviembre de ese año, inclusive.
Los comercios y las fábricas bajaban la persiana dejando a diario miles de trabajadoras y trabajadores en las calles. Otras, en el mejor de los casos, reducían jornada, suspendían y rebajaban salarios, pese a las prohibiciones impuestas por el Gobierno Nacional.
Como lamentablemente es sabido, toda situación de crisis impacta con más fuerza y virulencia en las trabajadoras mujeres y en las diversidades. Especialmente, en las trabajadoras madres y cuidadoras.
Sabemos también que la responsabilidad del cuidado recae principalmente sobre las mujeres y la participación del Estado sólo se da para aspectos específicos[1].
Ya era muy difícil para las mujeres compatibilizar el ser madres y trabajar incluso antes de la pandemia y desde que existe el trabajo remunerado como tal. Durante la pandemia y la etapa del aislamiento específicamente, esto empeoró.
Con las niñas y niños en las casas la jornada laboral se duplicó o triplicó, y no tuvo precisamente una contrapartida remuneratoria puesto que las tareas de cuidado no son remuneradas. Sí, eso que llaman “amor” es trabajo no pago.
Las mujeres a su vez fueron y son despedidas, suspendidas, discriminadas e incluso violentadas en sus espacios de trabajo ante la comunicación de un embarazo y la consecuente licencia por maternidad o cualquier otra situación de cambio en la vida familiar que implique no estar a disposición de los empleadores aunque sea por muy poco tiempo.
El caso sobre el que quiero contarles hoy no fue ajeno a ninguna de estas situaciones, sino todo lo contrario. C., por su condición de trabajadora mujer, madre y cuidadora, fue víctima de todo tipo de violencias por parte de su empleador. Estas violencias, que seguidamente expondré, existieron desde siempre hacia ella y sus compañeras de trabajo, pero tuvieron su detonante en plena cuarentena estricta ante la coyuntura social, política y económica imperante.
Nota completa en La Causa Laboral
