Judicialización y criminalización de la protesta social

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas expresa su repudio al fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3, mediante el cual se condena a Daniel Ruiz y Cesar Arakaki a penas de prisión efectiva de 3 años y 3 años y 4 meses respectivamente. Ambos participaron en la masiva movilización realizada contra la reforma previsional tratada en el Congreso el 18 de diciembre de 2017,  que culminara con una represión brutal por parte de las fuerzas de seguridad.

Fiel a una tradición conservadora que caracteriza a buena parte de quienes están encargados/as de impartir justicia en nuestro país, nuevamente la justicia se pronunció criminalizando a aquellas personas que se manifestaron en defensa de sus derechos y convicciones.

La criminalización de la protesta social es la judicialización de las expresiones políticas disidentes al oficialismo, como consecuencia de la pauperización social que causó el neoliberalismo en nuestro país, que pretende desplazar al plano jurídico un problema esencialmente político y humano. 

Esta Asociación rechaza enérgicamente todo intento de criminalización de la protesta social como forma de disciplinamiento de las/os trabajadoras/es, y reivindica públicamente la movilización en las calles como herramienta de lucha y de defensa de los derechos de la clase trabajadora, entendiendo que el ejercicio del derecho a peticionar, y a la huelga no pueden constituir ilícito alguno.